La desnutrición infantil no sólo es un abuso a los derechos humanos o un atentado al capital humano de cada infante; la desnutrición infantil representa un costo financiero enorme para la sociedad. Las sociedades pagan mucho para erradicar la desnutrición, pero pagan infinitamente más por no erradicarla.
En los países de la región, aproximadamente el 1% del gasto social es destinado a programas alimentarios. La inversión en promoción, producción y distribución de alimentos enriquecidos para niños y niñas en sus primeros años de vida es aún menor. De acuerdo al estudio "El costo del hambre: Impacto social y económico de la desnutrición infantil en Centroamérica y República Dominicana" (CEPAL-PMA, 2007), la historia de la desnutrición infantil en las últimas décadas habría generado un costo de casi 6.7 mil millones de dólares en el año 2004, derivado de mayores gastos por tratamientos de salud, ineficiencias en los procesos educativos y pérdida de productividad. El hambre cuesta mucho más a nuestras sociedades que su erradicación, por tal razón la promoción de inversiones sostenidas en la lucha contra el hambre y la desnutrición es esencial para garantizar que los programas de protección social tengan un impacto adecuado. Las pérdidas económicas del hambre, según el estudio, equivalen a más del 6% del PIB en el año 2004 para los siete países, con un rango que oscila entre 1,7 y 11,4% por país. A partir de estos datos no es difícil demostrar que una región libre de desnutrición infantil beneficiaría a todos los sectores sociales y a todos los gobiernos.
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